El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio declaró fundada la acción de amparo del expresidente y consideró que el Parlamento actuó con trato desigual frente a otros exmandatarios como Alberto Fujimori.
El expresidente Pedro Castillo Terrones podría acceder próximamente a una pensión vitalicia tras un fallo emitido por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, que ordenó al Congreso de la República otorgarle dicho beneficio, anulando las resoluciones que previamente se lo habían negado.
Según la sentencia, el Poder Judicial determinó que existió un trato desigual entre Castillo y el exmandatario Alberto Fujimori, a quien sí se le reconoció la pensión pese a tener procesos judiciales abiertos. El juez Alexis Anicama Budiel consideró que el Parlamento incurrió en una contradicción al aplicar de forma distinta la misma norma, vulnerando el principio constitucional de igualdad ante la ley.
La decisión responde a la acción de amparo presentada en 2024, luego de que el Legislativo rechazara su solicitud en dos ocasiones, basándose en el artículo 2 de la Ley N.º 26519, que suspende el derecho al beneficio en caso de acusación constitucional pendiente. Castillo, sin embargo, alegó que la norma no fue aplicada con el mismo criterio que en otros casos.
De confirmarse la sentencia, el exmandatario recibiría una pensión equivalente al sueldo de un congresista en funciones, es decir, alrededor de S/ 15,600 mensuales, conforme al marco legal vigente.
Ante el fallo judicial, el Congreso anunció que apelará la resolución, argumentando que el beneficio no puede otorgarse a un expresidente que enfrenta procesos por delitos graves. La Procuraduría Parlamentaria ya prepara los recursos para impugnar la decisión ante una instancia superior.
Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión preventiva por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, además de otras investigaciones por corrupción y organización criminal.
La resolución del Poder Judicial ha reavivado el debate sobre los beneficios otorgados a exmandatarios involucrados en procesos judiciales, un tema que divide a juristas y sectores políticos. Algunos expertos sostienen que el fallo marca un precedente en materia de igualdad ante la ley, mientras que otros lo califican como un error jurídico que podría sentar un precedente cuestionable.